Home / Noticias / Qué dice el fallo de Bonadio sobre Cristina y los otros acusados: imputaciones y embargos millonarios
202_4

Qué dice el fallo de Bonadio sobre Cristina y los otros acusados: imputaciones y embargos millonarios

07/12/2017

El juez federal Claudio Boandio ordenó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (con un embargo de 50 millones de pesos) y otros exfuncionarios y personas por la presunta traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo.

En su fallo de 491 páginas, según adelanta en los primeros párrafos, “se demostrará la existencia de contradicciones e inconsistencias criminales entre los objetivos declamados -un avance definitivo en la “causa Amia”- y los obtenidos realmente -la impunidad de los responsables-“.

Fue “en un proceso donde la parte Iraní evidentemente cumplió sus expectativas y logró, en principio, su objetivo perseguido por largo tiempo, que fue que la República Argentina no lo señale como un Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas”, argumentó el juez de acuerdo con el resolutivo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).

“Se demostrará la responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos que negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de una potencia extranjera -Irán- que está demostrado judicialmente que ordenó/organizó/financió/instigó dos actos de guerra en el territorio nacional, contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de “lesa humanidad”.
Hecho imputado

A los acusados se les imputó “haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia)”, según lo resuelto por el Juzgado Federal N°6 “en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado, cuya finalidad era, entre otras cosas, normalizar las relaciones” con Irán.

La explosión provocada en el atentado produjo la muerte de 85 personas y lesiones de distinta magnitud a más de 150.

En este contexto, la posición adoptada por el Gobierno de Argentina sobre el atentado “fue acompañar los pedidos de la Justicia argentina con el objeto de conseguir que las personas imputadas fueran sometidas al proceso penal llevado adelante en nuestro país”.
Mientras, la posición de Irán “fue la de no colaborar, negándose a recibir los exhortos librados por el juez de la causa mediante los cuales se solicitaba la extradición de los ciudadanos iraníes imputados”.

“Sin embargo, esta postura comenzó a cambiar aproximadamente en el mes de septiembre de 2010, cuando la entonces presidente Cristina Elisabet Fernández ofreció en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas elegir un tercer país en donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la Amia”, indicó el juez.

“Al poco tiempo, comenzaron a gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con representantes de la República Islámica de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento”, señaló.

“Este documento -añadió el juez- fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Elisabet Fernández al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación”.

Bonadio indicó que se mostró “como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa Amia cuando en verdad se procuraba la normalización de las relaciones con la República Islámica de Irán, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní”.

Indicó que fue “en desmedro de la Justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina y en contraposición a los artículos 18, 109 y 116 de la Constitución Nacional, toda vez que al establecer la “Comisión de la Verdad”, con la facultad de revisar la prueba de la causa, promover otras hipótesis de investigación significaba en la práctica exculpar al Gobierno de la República Islámica de Irán”.

Así, indicó el magistrado, “este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Elisabet Fernández, junto con, entre otras personas”.

Y enumeró al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, contando con la colaboración activa de los funcionarios públicos Oscar Isidro José Parrilli (secretario General de la Presidencia); Carlos Alberto Zannini (secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación); Angelina María Esther Abbona (procuradora del Tesoro de la Nación) y Juan Martín Mena (jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).

También apuntó al diputado nacional Andrés Larroque; Eduardo Zuain (viceministro de Relaciones Exteriores y Culto); Alberto D´Alotto (viceministro de Relaciones Exteriores y Culto y representante permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza); Luciano Tanto Clement (consejero del canciller y ministro de Segunda de la Cancillería); Susana Myrta Ruiz Cerutti (directora General de la Dirección de Consejería Legal de Cancillería) y José Alberto Mercado (asistente personal del canciller).

“Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de Amia y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados, siendo que por el artículo 7° se le daba operatividad autónoma al proceso de aprobación del Memorando”.

Para Bonadio, esta “compleja maniobra también requirió de canales paralelos y privados de comunicación y negociación, para lo cual fue necesaria la intervención de un grupo de ciudadanos estrechamente vinculado con funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos involucrados que contribuyeron, desde la informalidad, con las acciones necesarias para la concreción del plan”.

“Entre ellos -siguió el juez- corresponde mencionar a Luis Ángel D’Elía, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Héctor Bogado, de lo que da, por ejemplo, las múltiples llamadas telefónicas de los encartados, tanto entre ellos como con representantes” de Irán.

Bonadio señaló que “este proceso que comenzara en septiembre de 2010 y finaliza en enero de 2013 fue realizado con absoluta prescindencia de los más importantes miembros del gabinete nacional, o de los líderes parlamentarios oficialistas como surge de las distintas testimoniales rendidas en la presente causa, así como líderes comunitarios”.

“Incluso -agregó- estas negociaciones fueron negadas enfáticamente cuando rumores o informaciones periodísticas las mencionaban (…)”.

Procesamientos y embargos

Cristina Fernández

Fue acusada de supuesta traición a la Patria, encubrimiento agravado por eso y por su condición de funcionaria pública y estorbo de un acto funcional como coautora.
El juez además le impuso un embargo de 50 millones de pesos sobre los bienes y dinero de la exmandataria.
Por otro lado, el magistrado pidió al Senado “el desafuero de Cristina Elisabet Fernández con el fin de cumplir con la prisión preventiva dispuesta”.
Timerman

El excanciller fue procesado sin prisión preventiva y con domiciliaria imputado de traición a la Patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de
funcionario público y estorbo de un acto funcional como coautor. El embargo también es por 50 millones de pesos.
Zannini, Zuain, Mena, Abbona

Todos fueron acusados de traición a la Patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario público, y estorbo de un acto funcional (coautor). Fueron embargados por 50 millones de pesos.
Parrilli, Larroque, Bogado, D’Elía, Esteche y Khalil

Están imputados por traición a la Patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario público, y estorbo de un acto funcional como partícipe necesario. Fueron embargados por 35 millones de pesos.
Detenciones

El juez ordenó en su fallo “la inmediata detención” de Zannini, Timerman, Khalil, Esteche y D´Elía.

Por otro lado, Bonadio decretó la “falta de mérito” para procesar y/o sobreseer a Luciano Tanto Clement, José Alberto Mercado, Alberto Pedro D´Alotto y Susana Myrta Ruiz Cerutti en lo que respecta al hecho que les fuera imputado sin perjuicio de continuar con la presente investigación.

Fuente: La Voz del Interior

fm

Check Also

descarga

Arroyito: hechos policiales del fin de semana

11/12/2017  VIERNES 08 DE DICIEMBRE: Arroyito 02:20hs. Detenido por desobediencia a la autoridad y lesiones leves ...

Comentários en Facebook