04/08/2017
La causa judicial por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 22 años de los hechos, vuelve a complicar al expresidente y hoy senador Carlos Menem. La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió ayer anular el sobreseimiento que la Justicia federal cordobesa había dictado en 2012 para dejar a Menem fuera de la investigación.
Ahora, la Sala 2 del máximo tribunal penal del país hizo lugar, sin unanimidad, a los recursos de apelación que habían planteado el fiscal general Javier De Luca y el abogado querellante Ricardo Monner Sans.
El fallo dispuso la devolución de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, a fin de que ordene que se dicte un nuevo pronunciamiento respecto al expresidente de la Nación.
El regreso de la causa a Córdoba no será inmediato: se da por hecho que los abogados de Menem presentarán ahora un recurso ante la Corte Suprema contra este fallo.
Recién si la Corte confirma esta resolución, la misma Cámara Federal de Córdoba que sobreseyó a Menem recibiría el caso. Según dijo el abogado Monner Sans a La Voz , debería derivarla al juez que instruyó la causa. En ese caso, volvería al juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien en su momento había incluido a Menem entre los procesados por la voladura intencional de la planta industrial estatal en 1995.
Si Ochoa profundiza su planteo y la Cámara Federal de Córdoba no insiste con la carencia de pruebas contra el expresidente, podría culminarse con un juicio oral contra Menem que, como segunda parte, complete el que se concretó en 2014 y que culminó con cuatro exmilitares condenados.
En el voto principal del nuevo fallo, el camarista Alejandro Slokar sostuvo que existen “dudas sobre el agotamiento de la pesquisa”, por lo que corresponde investigar más el rol del entonces presidente de la Nación en este caso.
En el voto minoritario, la jueza Ángela Ledesma concluyó que debía confirmarse el sobreseimiento para no afectar la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.
Atentado
Las explosiones del 3 de noviembre de 1995 provocaron siete muertos, más de 300 heridos y millonarios daños materiales en Río Tercero. Tras un complejo y trabado proceso judicial, en 2014 se realizó el juicio oral que culminó cuando el Tribunal Federal 2 de Córdoba condenó a los cuatro imputados con penas de entre 10 y 13 años de prisión. Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Edberto González de la Vega y Marcelo Gatto, con diferentes cargos en 1995 en la empresa estatal Fabricaciones Militares, fueron considerados autores mediatos del delito de “estrago doloso”. Ese fallo fue apelado, recurso que espera resolución en la Cámara de Casación.
En el fallo judicial, se consideró que la voladura de los depósitos que acumulaban miles de bombas de guerra fue un hecho “intencional, organizado y direccionado”, con el fin de ocultar las ventas ilegales de armas a Ecuador y Croacia, entre 1991 y 1995.
La planta riotercerense fue una especie de centro operativo de esas maniobras para acumular y procesar el material vendido.
En la causa paralela por ese contrabando de armas, Menem fue uno de los 17 condenados por la Justicia.
Fuente: La Voz del Interior
