El Gobierno nacional anunció este miércoles que cerrará las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y se esperan otros 500 despidos que se suman a las decenas de cesantías en diferentes reparticiones del Estado que viene llevando adelante este Gobierno.

A través de una resolución de la gestión de Javier Milei, se dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales del ENACOM a partir del próximo 1° de abril.

Si bien aún no se formalizaron las notificaciones, desde el Gobierno adelantaron que se establecerá un período de transición de 60 días «a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales», según indicaron mediante un comunicado.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtieron que esta medida supondrá más de 500 despidos a lo largo del país si es que finalmente se concreta.

El ENACOM, cumple una función muy importante al regular los servicios de comunicación y garantizar la llegada de conectividad a todo el territorio nacional. Se encuentra intervenido por 180 días desde el 26 de enero pasado y quedó a cargo de Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldán y Alejandro Pereyra, exdirector de ENACOM en la gestión de Mauricio Macri.

Fuentes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, bajo cuya órbita quedó el ente intervendido, argumentaron que el cierre de las delegaciones provinciales “se enmarca en el compromiso de gestionar eficientemente los recursos del Estado”, según informó el diario ambito.com.

«Tras un exhaustivo análisis de la actividad desarrollada en las delegaciones provinciales, hemos observado una disminución significativa de sus funciones desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD). La simplificación y automatización de los procesos han llevado a una desproporción entre las tareas realizadas y la estructura de estas delegaciones», explicaron desde el Gobierno.

La nueva resolución, en tanto, establecerá un período de transición de 60 días «a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales», indica el texto.

Por otra parte, se dispondrá de una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todos los bienes que poseen cada una de las oficinas provinciales.