06/12/2016
Uno de los aspectos más importantes para los emprendedores, además de la capacidad de detectar una necesidad del mercado y tener el talento para satisfacerla, es la necesidad de capital que les permita concretar el proceso que los debe encaminar a convertir su talento en exitosos empresarios.
En este sentido, la ley de emprendedores -ya aprobada por la Cámara de Diputados- establece beneficios impositivos para los inversores que decidan apoyar emprendimientos argentinos y regulariza las plataformas de financiamiento colectivo para estimular la inversión interna.
A continuación detallaré los cuatro aspectos más importantes de la ley con ejemplos que tienen aplicación práctica en el ámbito de la agroindustria:
Por ejemplo, esto le daría la posibilidad a un contratista rural que recién comienza una estructura formal, un recorte de tiempos y costos para empezar a operar y como consecuencia, ayudará a una mayor recaudación fiscal y una reducción de la informalidad. Otros serían los casos que venimos mencionando en columnas anteriores en el mundo del agtech. Desarrollos de e-commerce, drones, robótica, biotecnología y agricultura de precisión que muchas veces son difíciles de incorporar en el objeto según lo establece la Ley de sociedades Comerciales. La SAS además podrá obtener CUIT y una cuenta bancaria simplificada en menos de 24 horas.
Adicionalmente, se crearía un mecanismo moderno de inversión que ya se utiliza en EEUU y otros países, que son las plataformas de crowdfunding o financiamiento colectivo. Se está trabajando para que estas plataformas online, previamente aprobadas por la CNV (Comisión Nacional de Valores), puedan ser un mecanismo de financiamiento de emprendedores, ya que una forma muy común de utilización es para preventa de desarrollos.
Imaginemos, si un emprendedor está desarrollando un software de monitoreo para agricultura de precisión, un chip para medir humedad en un silo bolsa o la trazabilidad de un ternero, mediante estas plataformas podría conseguir financiamiento haciendo una pre venta a sus potenciales clientes/productores donde, mediante la compra anticipada del producto con algún beneficio, podrían darle el dinero para el desarrollo. Una posibilidad para implementarlo también es que los bancos cuenten con sus plataformas online, y por qué no también con las tarjetas rurales, así los mismos productores podrán invertir en emprendedores de todo el país, sin necesidad de conocerlo personalmente y comprando sólo muy pequeñas cuotas, que podrían venderse cuando lo disponga el inversor, como ocurre con los fondos comunes.
Por último, se regula a las empresas que se crean, no sólo con el fin de resolver una problemática social, conocida como Empresas B. Se define a estos emprendimientos de Beneficio e Interés Colectivo o de «triple impacto» a aquellos que más allá del cuidado con la propia rentabilidad, tienen en cuenta los aspectos ambientales y sociales. Las nuevas generaciones empiezan a tener este tipo de interés, producto de entre otras tantas cosas, que los jóvenes cada vez separan menos el trabajo de su vida personal. En nuestro sector, se viene hablando de los envases plásticos de agroquímicos que quedan diseminados en el campo y sus consecuencias sociales. Con la nueva ley, cualquier emprendedor con una iniciativa de este tipo podría quedar enmarcado dentro de una norma jurídica diferente, que le de un tratamiento que lo promueva y le genere incentivos respecto a cualquier otro emprendedor. Esta iniciativa es pionera en Latinoamérica y ya hay varios de estos países consultando con especialistas en Argentina para copiar el modelo.
En definitiva, nuestros territorios rurales a lo largo y a lo ancho del país se verán beneficiados por esta ley que no solo promueve la creación de nuevas empresas y empleos en esos territorios, bajando las barreras para emprender y creando incentivo para el capital emprendedor, sino que también estimula otro tipo de inversiones y emprendimientos que fomentan el desarrollo de un país más federal y con empresas más sustentables. A pesar, del impacto positivo que tiene para la sociedad y del importante trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Producción y continuo apoyo de ASEA y muchas otras cámaras, para su aplicación aún tendremos que esperar la sanción de la ley en el Senado y la adaptación de la misma en cada provincia, por lo menos hasta mediados de 2017.
Fuente: La Nación
