En una maniobra inesperada, el bloque libertario se sumará este miércoles a la sesión especial que la oposición convocó en la Cámara de Diputados, donde busca avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, y los distintos proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias.
De esta manera, el oficialismo habilitaría el quorum al mediodía, en un intento por evitar un golpe político y conservar el control de la agenda, después del anuncio del Presidente sobre la soberanía de las Malvinas.
La decisión comenzó a tomar forma en una reunión parlamentaria de última hora que el bloque comandado por Gabriel Bornoroni convocó en el despacho de Martín Menem, pese a la ausencia del presidente de la Cámara. Participaron la mayoría de los jefes de los bloques aliados, entre ellos los del Pro, la UCR y Argentina Federal, el espacio que reúne a los legisladores salteños y misioneros con llegada directa a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Saénz. No fueron de la partida, Provincias Unidas ni los catamarqueños.
El objetivo: un último intento por desactivar el debate de este miércoles sobre dos temas que incomodan al Gobierno.
Según precisaron a LA NACION fuentes que participaron de la reunión, los libertarios, representados por Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, plantearon que no iban a obstaculizar la sesión de este miércoles, dado que la oposición más dura ya tendría garantizado el número necesario para habilitar el debate que buscar emplazar a comisiones ambos debates y fijar las fechas de sus dictámenes.
Tal como había anticipado este medio, los bloques críticos ya habían logrado este martes apuntalar la sesión, sobre todo, a través del debate por la discapacidad, un tema por demás que recae sobre los sistemas de salud provinciales.
Como parte de su estrategia, el oficialismo había fijado la semana pasada una cronograma de trabajo para las dos iniciativas, bajo el compromiso de unificar los giros de los diversos proyectos de endeudamiento y morosidad y dictaminar ambas iniciativas antes del 30 de septiembre.
En concreto, el oficialismo buscará hoy fijar el 23 de septiembre para dictaminar el proyecto sobre discapacidad y el 30 de septiembre para los de endeudamiento y morosidad. Sin embargo, parte de la oposición desconfía de las intenciones del Gobierno y no descarta que se trate de una maniobra para dilatar el debate hasta la discusión del Presupuesto.
Las dudas quedaron plasmadas esta tarde, cuando la salteña Yolanda Vega abandonó la reunión pocos minutos después de su comienzo. Al salir, remarcó que la maniobra del oficialismo será “de palabra” y que no existe un expediente que respalde el compromiso. La oposición, en cambio, pretende aprovechar la sesión de hoy para garantizarse el emplazamiento de ambos proyectos, con una semana de diferencia respecto del cronograma planteado por los libertarios.
Es sobre esta cuestión que se anticipa un debate espinoso, con la oposición que convocó la sesión, encarnada en gran medida por Unión por la Patria -única fuerza junto con la izquierda que no fue llamada a participar del encuentro- la Coalición Cívica y Provincias Unidas. Todas ellas, dispuestas a exigirle certezas al oficialismo.
Emergencia en discapacidad
El debate se estima que también se centrará en la emergencia en discapacidad, después de que el oficialismo anunciara la semana pasada que trabajaba en una iniciativa propia, con el aval de la Casa Rosada. Sin embargo, horas más tarde, fuentes libertarias desestimaron que se tratara de un nuevo proyecto y señalaron que, en realidad, se buscaría introducir alguna aclaración a la ley vigente.
En esa línea, el Pro instó esta tarde al oficialismo a asumir el compromiso de regularizar los pagos adeudados a los prestadores de salud correspondientes a la compensación de emergencia, uno de los principales reclamos de la oposición en torno a esta cuestión. La bancada que conduce Cristian Ritondo difundió, después de la reunión, un comunicado en el que exigió “un cronograma claro”. La respuesta, según señalan los aliados, dependerá ahora del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
