Tal como habían anticipado horas antes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, el Gobierno oficializó la disolución de Vialidad. De esta manera, sus funciones se distribuirán en la cartera de Economía y en Gendarmería, que modificó su estatuto.
"Dispónese la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial -de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)- y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), actuantes en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía“, estableció el Poder Ejecutivo a través del Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial. Además se dispuso la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cual se llamará ”Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte".
La nueva agencia será la autoridad de aplicación a la que corresponderán todas las normas y actos administrativos vinculados la fiscalización de las concesiones viales y estará a cargo de un director con rango y jerarquía de subsecretario que será elegido por el gobierno nacional.
Según argumentó el Gobierno en el documento, la nueva normativa “se encuentra en línea con los principios de racionalización del gasto público, austeridad y eficiencia”. “No implica resignar las funciones esenciales asignadas a dicha entidad en materia de seguridad vial, sino que obedece a criterios de eficiencia administrativa, orientados a su redistribución dentro de la Administración Pública Nacional con el objeto de reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad en el tránsito”, declararon.
A su vez, el Ejecutivo planteó un “esquema de gestión más moderno y profesionalizado” y cerró: “Se verifica una desproporción entre los recursos materiales de la citada dirección y la cantidad de agentes, así como entre el número de empleados que cumplen funciones administrativas y jerárquicas y aquellos que realizan tareas operativas en territorio. Además, se señaló que resulta evidente que existe una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa de aquella que se encuentra concesionada en el mantenimiento vial, lo que permite inferir que una eventual transferencia de esta función al sector privado podría generar ahorros significativos, debido a que en el esquema estatal actual persiste una elevada carga estructural sobre los costos operativos”.
