Por medio del Decreto 575/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció nuevas funciones y disposición de recursos para la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la cual ejercerá como “órgano rector” a cargo de los bienes inmuebles del Estado. Además estableció la creación de un régimen y un consejo que trabajarán a la par suya.
“La Agencia de Administración de Bienes del Estado será el órgano rector centralizador de toda la actividad de bienes muebles e inmuebles del Estado nacional, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del Estado cuando no corresponda a otros organismos estatales”, explicaron en el documento que lleva la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, y agregaron: “Quedan excluidas del ámbito de actuación de la agencia la administración y la conservación de los bienes provenientes de actividad ilícita, cautelados y Ministerio de Justicia, sin perjuicio de la competencia exclusiva con respecto a su enajenación o concesión para su explotación comercial”.
En esta línea, se dispusieron cambios en la asignación de recursos operativos de la agencia, los cuales a partir de la normativa serán las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto Nacional -u otras leyes especiales-; donaciones, aportes no reembolsables y legados; intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos o activos; los aranceles, tasas y comisiones que determine la agencia por la prestación a terceros de servicios administrativos y técnicos concretos, efectivos e individualizados, cuyo quantum no podrá ser mayor al 5% del valor del bien.
“Instrúyese a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y al Ministerio de Justicia a celebrar los convenios necesarios para formalizar la cesión de la administración y custodia de los bienes cautelados y recuperados en favor del Estado nacional, en virtud de resoluciones dictadas por la Justicia nacional y federal”, expresó el Gobierno en la medida y señaló que la administración deberá entregar, dentro de los 60 días hábiles, a la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona un relevamiento detallado de los bienes.
En paralelo con los cambios se aprobó un régimen que conservará, administrará y dispondrá los bienes recuperados en procesos penales que fueron producto de actividades ilícitas, y se creó el Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional que se encargará de la “supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de dichos bienes”.
Desde el Gobierno, por su parte, aclararon que la nueva normativa fue impulsada a raíz de la intención de implementar un sistema “unificado, ágil y eficiente para la gestión” y “aprovechar los bienes que resultan de las investigaciones llevadas adelante en el marco de los procesos penales de las órbitas nacional y federal“. ”La urgencia de la medida que se propicia se ve acrecentada en razón del grave déficit de las cuentas públicas que el país arrastra hace muchos años y que las políticas llevadas adelante desde el 10 de diciembre de 2023 están procurando revertir“, indicaron.
