El caso de Herman Krause (52), el padre de dos niños argentinos que fueron llevados a Brasil ilegalmente por su madre, dio un nuevo giro: la Justicia brasileña concedió al hombre un régimen de visitas virtuales y presenciales obligatorias durante el mes de septiembre, pero en los primeros encuentros, que debían ser por videollamada, su exesposa no cooperó y podría enfrentar consecuencias legales.
Luego de que la denuncia por sustracción de menores no prosperara en la Justicia Federal Argentina, pese a la alerta amarilla emitida por Interpol, el caso siguió su rumbo mediante Cancillería y llegó a la justicia brasileña.
La Autoridad Central Argentina se puso en contacto con su homóloga en Brasil y el caso llegó hasta el juzgado del juez federal Marco Aurelio De Mello Castrianni quien se encargó de autorizar el régimen de visitas amparándose -entre otros argumentos- en el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, en donde se esgrimen los obligaciones que deben seguir los estados ante casos como este y al cual suscriben tanto Brasil como la Argentina.
Según pudo saber LA NACION, se trata de una serie de encuentros pautados entre el 1 y el 23 de este mes, divididos entre acercamientos virtuales -lunes y martes entre las 20 y las 20.45- y reuniones presenciales los fines de semana entre las 10 y las 18.
Krause viajó hasta la cuidad de San Pablo para reencontrarse con sus hijos Paco y Mateus tras más de 300 días sin verlos. Los chicos fueron trasladados allí por su madre, Juliana Magalhães de Lima (33), en octubre de 2024.
En las últimas horas, la Justicia ordenó a la mujer a “garantizar el acceso de los niños al entorno virtual de visita, asegurándoles el uso de equipos adecuados (con cámara, micrófono y conexión estable a Internet), en el horario previamente establecido, velando por que el contacto se produzca de forma respetuosa, continua y sin interferencias indebidas”.
El lunes a la hora pautada, el platense se conectó a la videollamada por la aplicación Meet, pero la comunicación no se realizó. Y lo mismo sucedió el martes por la noche. “Todo esto se lo informamos al juez, que muy conforme no está con lo que están haciendo”, indicó Krause ante la consulta de LA NACION, que advirtió que su exesposa no está colaborando con la Justicia.
Este sábado a las 10, se realizará el siguiente intento de reunión -esta vez en persona- bajo ciertas condiciones que dispuso la Justicia local, con la intención de evitar cualquier perjuicio en los menores de siete y 10 años.
El juez Castrianni ordenó que la cita deberá realizarse en un entorno público, neutral y de fácil acceso para el equipo técnico (que constará de una asistente social ya establecida por la Justicia), en el horario anteriormente mencionado. Con esto en mente, se eligió el Shopping Center Norte, situado en la Av. Otto Baumgart, 245, Vila Guilherme, el cual cumple con todos los requisitos.
Según dicta al expediente al que pudo acceder LA NACION, el juzgado dictaminó una serie de medidas para “reforzar la seguridad de los menores" durante los encuentros y dispuso que Krause deje como garantía su pasaporte en la Secretaría de este 1.º Juzgado Federal Civil de San Pablo antes de la celebración de la primera reunión presencial y que el documento permanezca retenido allí hasta el final del régimen de visitas supervisadas.
De la misma manera, teniendo en cuenta que aun rige una restricción de acercamiento solicitada por Magalhães sobre Krause, se decidió que un tercero sea el responsable de llevar a los menores a las visitas pautadas para los días 6, 7, 13, 14, 20, 21 de septiembre.
La pareja se divorció en 2022 en medio de denuncias sobre abuso sexual y doméstico que no prosperaron en la justicia argentina. Tras varios idas y vueltas, que incluyeron un régimen de visitas obligatorias al vivir separados, el 28 de octubre de 2024 la mujer viajó hasta Misiones a bordo de un remís, cruzó la frontera evitando los controles migratorios y se instaló en San Pablo con los menores.
Krause está convencido de poder reestablecer un vínculo con sus hijos y no descarta la posibilidad de que la Justicia falle a su favor y decida que los niños deban regresar al país en el que nacieron. De todas formas, sostiene que intentará evitar todo lo posible la intervención policial para que se cumplan las visitas pautadas.
