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Surrbac: piden que el fuero federal investigue el ataque a Carrasco

11/09/2019

El denunciante de los dirigentes del gremio recibió tres balazos hace ya ocho meses, pero no hubo avances en la investigación. Bustos Fierro pidió unificar causas contra Saillén. Solicitan que se sume también ese expediente.

Pasaron ya ocho meses desde que un desconocido ingresó a la casa de Pablo Carrasco en barrio Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, y sin decir una palabra le apuntó con su arma y le disparó tres tiros que le perforaron el abdomen, un brazo y una pierna.

Carrasco, padre de tres niños, salvó su vida de casualidad. Desde entonces va y viene acompañado a todas partes por dos oficiales de la Policía de Córdoba. “Esta vez me han querido matar. No fue un ataque en el que me podían haber asustado, de tirarme un tiro en el pie. Me tiraron a matar, a sangre fría”, contó.

Antes del intento de asesinato, a Carrasco le habían arrojado un bidón de nafta en la puerta de su domicilio, y tres meses después le colgaron una corona fúnebre en la reja de ingreso a su casa.

Tanto Carrasco como sus allegados relacionaron el ataque con la denuncia que él hizo contra los gremialistas que dirigen el sindicato de recolectores Surrbac, cuyo secretario gremial Mauricio Saillén, y su principal colaborador, Pascual Catrambone, se encuentran desde hace dos semanas detenidos en la cárcel de Bouwer, acusados de asociación ilícita y lavado de dinero.

Violencia y dinero

Carrasco denunció que Catrambone había creado, junto a miembros de su familia, un grupo de empresas para beneficiarse con contratos con la firma estatal Crese, de la Municipalidad de Córdoba, en la que él era directivo.

Esas empresas, además, se habrían beneficiado con contratos que firmaron con la mutual del sindicato, la misma donde habrían ocurrido las millonarias maniobras de lavado de dinero que ahora investiga el juez federal Ricardo Bustos Fierro y por la cuales ambos gremialistas se encuentran detenidos.

Carrasco fue afiliado al Surrbac, y terminó despedido junto con otros 29 empleados del servicio de barrido y recolección, cuando en 2014 intentaron armar una lista opositora a Saillén y Catrambone. Algunos miembros de ese grupo opositor acabaron internados, luego de ser agredidos por delegados gremiales y seguidores de Saillén.

La investigación del intento de asesinato se encuentra en la Justicia provincial, en la fiscalía a cargo de Alfredo Villegas. El fiscal no efectuó declaraciones, aunque allegados a su oficina señalaron que la causa no está paralizada y tiene medidas aún en curso. En junio el fiscal ordenó el allanamiento de varios domicilios, entre ellos el de Saillén, y le secuestró dos pistolas de su propiedad para peritarlas en relación con el caso, sin resultados.

El problema es que en todo este tiempo no se pudo avanzar en la identificación del agresor, ni del acompañante que lo habría esperado en un VW Cross Fox negro.

A la federal

Por eso ahora, Carrasco y su abogado, Marcelo Villarroel, pedirán formalmente que la investigación del intento de asesinato sea tomada por la Justicia federal. “En todo este tiempo –dice el abogado– no nos permitieron ser querellantes particulares, hemos hecho aportes a la investigación que no tuvieron resultados, y ha pasado demasiado tiempo sin avances”.

Precisamente el viernes pasado el juez federal Bustos Fierro solicitó quedarse con varias causas que han sido denunciadas ante la Justicia federal vinculadas al Surrbac. Además del caso del presunto lavado de dinero en la mutual, desde 2015 descansa en la fiscalía de Graciela López de Filoñuk una denuncia contra los directivos del gremio por usar a afiliados para comprar dólares y sortear el cepo.

También en la Justicia federal presentó un pedido de investigación José Luis Cabello, otro exafiliado del Surrbac que integró el intento de lista opositora, y que el pasado 29 de agosto sufrió un violento asalto.

Al mismo tiempo, desde hace tiempo se esperan novedades con otras denuncias que involucran a los principales dirigentes del Surrbac y que se encuentran en diversas fiscalías de la Justicia provincial.

En la denuncia sobre las empresas vinculadas a Catrambone, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba no se constituyó como querellante, pese a que habría sido la principal afectada si se hubieran producido irregularidades en el vínculo entre esas firmas y el ente municipal.

Al mismo tiempo, la Municipalidad no ha tomado medidas sobre los empleados del ente de barrido, Esop, que acaban de ser imputados en la causa por lavado de dinero. Como informó este medio, nada menos que 11 de los 19 imputados, son empleados del ente municipal, entre ellos Saillén, sus hijos Juan, Micaela y Franco, que además es legislador provincial.

También fue revelación de La Voz, en enero, que los 40 principales directivos del Surrbac perciben sueldos todos los meses como empleados del ente municipal Esop. En este mismo ente, existen elementos para sospechar que cobran numerosos empleados que no van a trabajar.

Allanaron a Cotreco por presunta evasión

El Surrbac había denunciado la retención de aportes.
Por orden del juez federal Ricardo Bustos Fierro, se realizó ayer en la sede de Cotreco un allanamiento por supuesta evasión a la ley penal tributaria. La causa se inició por una denuncia del Surrbac por retención indebida de descuentos de aportes previsionales de los empleados del gremio de recolectores de basura.
Al iniciarse la causa, el fiscal Enrique Senestrari solicitó la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para ponderar la magnitud de la presunta evasión.
Ahora, se hizo el allanamiento para secuestrar documentación por un pedido directo de la Afip al juez.
De acuerdo con fuentes judiciales, el monto de la evasión puede ser muy elevado porque no se habrían registrado aportes previsionales durante años, pese a que la empresa practicaba los descuentos a los recolectores.

Fuente: La Voz del Interior

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