26/09/2017
“El obrero criollo, menospreciado, tildado de incapaz, se ve como un paria en su tierra, trabajando más, haciendo trabajos en los que es reemplazable y percibiendo un salario como para no morirse, y sufre que en un mismo trabajo se le dé un jornal inferior porque es criollo”. Los conceptos pertenecen a Juan Bialet Massé y fueron escritos en 1904, pero se adaptan a lo que soportó en pleno siglo 21 un trabajador rural en un campo de James Craik, confinado junto a su mujer y a sus cuatro hijos a vivir en un palomar, en condiciones misérrimas.
Por este caso, ayer el juez federal Jaime Díaz Gavier condenó a tres años y medio de prisión efectiva al productor rural Elvio Bono (47) por haber sometido a «trata de personas con fines de explotación laboral» a Mariano Rodríguez (35). El hombre, de limitados recursos intelectuales, estuvo confinado a condiciones infrahumanas durante unos 10 meses. Junto a su esposa y a sus cuatro hijos pequeños, estuvieron confinados en una tapera, todos en el mismo ambiente, sin baño ni instalaciones de agua, electricidad ni gas. Los miembros de la familia debían hacer sus necesidades a campo traviesa y en el invierno disponían en el monoambiente de un tacho que durante el día descargaba su contenido al exterior.
Reducido a esclavitud
El caso estalló cuando en julio de 2011 la mujer de Rodríguez encontró a una de sus criaturas sin vida. En rigor, había fallecido de muerte súbita, pero el episodio sirvió para hacer pública la situación: la ambulancia que concurrió no pudo entrar porque la tranquera tenía un candado, sin llaves accesibles.
La cita de Bialet Massé fue traída al debate por el fiscal Maximiliano Hairabedian, quien se basó en testimonios para probar el vínculo laboral y las responsabilidades de Bono. Por eso, solicitó la pena de prisión efectiva que Díaz Gavier terminó imponiendo.
Poco ayudó la declaración de una psicóloga, perito de la defensa, que describió a Rodríguez como “adiestrable”, “nómade”, “que no genera ideas propias” y “no tiene capacidad de juicio propio”.
El defensor oficial Rodrigo Altamira no pudo revertir la carga acusatoria e intentó sostener lo que Bono declaró en el juicio: que le había hecho un favor a Rodríguez dándole un lugar para residir y que no existía vínculo laboral. El acusado aseguró que el peón en realidad era empleado de un tambero que estaba en su campo.
Hairabedian logró probar el compromiso de trabajo y puso énfasis en la baja remuneración, que no alcanzaba a la mitad de lo que indica el convenio de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), que de por sí es muy bajo. En el juicio se escuchó que el “salario” era de entre 800 y mil pesos, cada 30 o 40 días.
“Falté tres días después de que murió (mi hija) y, cuando regresé, Bono me dijo que había hecho abandono de trabajo y no me pagó el último mes”, aseguró Rodríguez cuando fue a denunciarlo.
