17/05/2018
A los 16 años, por una guía que le entregaron en el colegio, en Misiones, Catalina confirmó que los tocamientos y otras acciones que desde los 9 le infringía su abuelo constituían abuso sexual.
De acuerdo con la legislación vigente, para que su caso se investigue, no basta con una denuncia. Hace falta que alguno de sus padres inste la acción penal. Pero en la familia todos dependen económicamente del abuelo. “A mis primas también las manosea, les introduce cosas”, se animó a contar.
Actualmente, en Argentina, el abuso sexual en menores de 18 años es un delito de instancia privada. Eso implica que, para que se pueda investigar, los responsables del niño deben necesariamente manifestar su voluntad de instar la acción penal.
El proyecto de la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) se debate ahora en el Senado, donde esta semana ya fue aprobado en comisión y por unanimidad.
La Asociación Latinoamericana de Magistrados, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia (Alampyonaf) apoya la iniciativa. Su presidenta, María Fontemachi, planteó que “cuando un niño está abusado, siempre tiene que investigarse”. Fontemachi, quien también es jueza de Menores en Mendoza, consideró que “pese a las convenciones internacionales y los tratados, no se escucha a los niños. Hay leyes que se siguen esperando”, marcó.
Una de las autoras de la guía que llegó a manos de Catalina (el nombre es ficticio pero su caso es real) es Paula Wachter, quien trabaja por los derechos de los niños desde la Fundación Feim. Paula tiene dos personas muy allegadas que sufrieron abuso infantil y es directora de Red por la Infancia, la ONG que logró 65 mil firmas en la plataforma Change.org con la campaña “para que el abuso sexual en la infancia sea un delito público”.
“Dejar en la familia el control de la acción es dejar la situación en manos del agresor, ponerle una barrera al niño. Queremos un estándar mínimo, que independientemente del fiscal y de la provincia (porque hay diferencias en los códigos procesales), se garantice el acceso del niño a la Justicia”, remarcó Wachter a La Voz. “La culpa, la vergüenza y la estigmatización no deben recaer en la víctima. No podemos decirles: ‘Te dejo en una situación donde te están abusando porque respeto tu privacidad’”, reclamó Wachter.
Jorge Medina, fiscal de Cámara de Río Cuarto y titular de la única investigación sobre condenas por abuso sexual infantil en el sur de Córdoba, opinó que este cambio legislativo “permitiría eliminar un obstáculo, en tiempos en que todos reclaman celeridad a la Justicia”. Medina precisó: “Ya se establece que en caso de que el abusador sea el padre o la madre, se puede actuar de oficio. En Córdoba está reglamentado y expresamente prevé la vista en esos casos al asesor letrado. Pero con esta modificación se quitaría la instancia privada y no haría falta ni dictar una resolución fundada para declarar expedita la acción. Pasaría a ser un delito de acción pública y punto: se desburocratizaría la acción penal”, valoró el juez.
En el sur de Córdoba, por ejemplo, el 96,6 por ciento de los condenados por abuso sexual infantil son miembros de la familia de la víctima. La mayoría, padrastros o padres.
De cada mil casos, uno llega a condena firme
La inmensa mayoría de los hechos ni se denuncia.
Según estimaciones de la ONG Red por la Infancia, de cada mil ataques sexuales a menores llegan a la Justicia unos 100, y apenas uno tiene condena. Relevaron además que un juicio por abuso infantil demora, en promedio, siete años.
Secreto y amenaza: “Si lo contás, les pasará lo mismo a tus hermanos”
Especialistas en abuso sexual infantil coinciden en que lo que ocurría antes con las mujeres víctimas de violencia, a las que no les tomaban las denuncias, sigue pasando con los niños.
Luciana Ghirardi, única psicóloga encargada de atender los casos de delitos contra la integridad sexual en todo el departamento Río Cuarto, admite que los estamentos oficiales están “desbordados”. Remarca que, pese al crecimiento de las denuncias, persisten las situaciones silenciadas, por manipulación o amenazas.
“Muchas veces la violencia sexual está naturalizada por cuestiones intrafamiliares e intergeneracionales. A veces se da como extorsión; les dan cosas, dinero, permisos, para seguir ejerciendo el abuso. O los amenazan. Les dicen: esto es un secreto y si alguien lo sabe voy a matar a tu mamá, o les va a pasar lo mismo a tus hermanos. Muchas veces las hijas más grandes soportan, para evitar que sus hermanitos vivencien la misma situación”, advierte la cordobesa Ghirardi.
Desde Mendoza, la jueza de Menores María Fontemachi, remarca “la necesidad de que se pongan más recursos”, para que las madres que se animan a denunciar al hombre no queden desamparadas y reclama que los niños institucionalizados tengan un abogado y que no prescriban nunca estos delitos.
Desde Buenos Aires, Paula Wachter, de Red por la Infancia, destaca que “si el Estado empieza a investigar de oficio se pueden evitar represalias de victimarios contra maestros, vecinos o miembros de los equipos de salud que denuncian, como ocurre”.
“Las consecuencias psicológicas del abuso son gravísimas pero el pronóstico de un chico al que no le creyeron cuando pidió ayuda es muy distinto al del niño al que le creyeron y lo protegieron. Si no pudimos evitarles el abuso, por lo menos, ayudémoslos a recuperarse”, concluye Wachter.
Diego Fernández es profesor de arte y autor de un libro que denuncia cómo fue abusado cuando era niño por un entrenador de fútbol, en Río Cuarto. Cuando, ya adulto, pudo contarlo, el delito estaba prescripto. Hoy dice: “Hay muchas cosas que cambiar. Se debería asegurar un tratamiento psicológico, para la víctima y el agresor. Y más campañas para que los niños puedan dar a conocer lo que les pasa”.
Fuente: La Voz del Interior
