15/05/2019
Es por no haber atendido los pedidos de ayuda de funcionarios cordobeses durante el acuartelamiento y los saqueos.
La fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, imputó a tres exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la falta de asistencia a la Provincia de Córdoba durante el amotinamiento de policías en diciembre de 2013.
Fuentes judiciales confirmaron a La Voz que se promovió una acción penal por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra del exsecretario de Seguridad, Sergio Berni; de la entonces ministra de esa cartera, Cecilia Rodríguez; y del exjefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich.
López de Filoñuk explicó que la imputación es «una promoción de acción penal» que llevó adelante la semana pasada a raíz de que los por entonces funcionarios nacionales «no habrían respondido a los llamados que hicieron en esos días tan aciagos desde el Gobierno de Córdoba».
La instructora señaló además que las imputaciones se sostienen a partir de los testimonios «de los jefes policiales, los ministros, la exvicegobernadora y desgraciadamente me quedó pendiente el testimonio de De la Sota», quien se encontraba de viaje cuando se desencadenó el acuartelamiento.
«Había hablado por teléfono y habíamos convenido la fecha el 18 de octubre. Hablamos un día antes del accidente (en el que murió el exgobernador). Él me dijo muchísimas cosa y me dijo que sí (declararía ante ella)», afirmó la fiscal al programa Aquí Petete, por Mitre.
El juez federal N°3, Hugo Vaca Narvaja, ya receptó el requerimiento de instrucción de López de Filoñiuk y, en consecuencia, deberá llamar a indagatoria en Córdoba a los acusados.
El arranque de la investigación
Hace un año, la fiscal abrió una investigación de oficio luego de que el actual legislador y exministro de Gobierno de Córdoba, Oscar González, declaró que el amotinamiento policial de fines de 2013 fue fogoneado supuestamente desde el Estado nacional.
«Intenté comunicarme con los funcionarios nacionales; nunca nadie me atendió el teléfono. Sólo conseguí hablar con secretarios. Recuerdo que el jefe de Gabinete era Jorge Capitanich; imposible intercambiar una palabra con él. Todo el día 3 estuve tratando de comunicarme», dijo González durante el juicio por el acuartelamiento de 56 policías.
«Sergio Berni era una especie de Rambo del tercer mundo. Era el encargado de la seguridad, todos lo sabíamos. Intenté comunicarme con él y no lo conseguí. Intenté comunicarme con (Florencio) Randazzo, ministro del Interior, no fue posible. Sólo logré comunicarme con la casa Militar de la Casa Rosada: le transmitimos la situación, quedó que nos iban a llamar», agregó en aquel juicio González.
Saqueos. (La Voz / Archivo)
Este miércoles, el abogado de los policías acuartelados, Miguel Ortiz Pellegrini, celebró en diálogo con Cadena 3 la imputación de los funcionarios. «Contribuye a la verdad y a no quedarnos en la anécdota: por acción y omisión, fundamentalmente, aquí hubo incumplimiento», dijo.
En mayo de 2018, un total de 52 policías fueron condenados por abuso de autoridad en el marco del acuartelamiento de 2013, durante el cual hubo cientos de saqueos en la ciudad de Córdoba y un muerto.
El poder político estuvo en vilo
El acuartelamiento de 48 horas de la Policía de Córdoba el 3 y el 4 de diciembre de 2013 generó una ola de saqueos en toda la ciudad, que puso en vilo al poder político provincial.
El reclamo de los policías sorprendió al entonces gobernador José Manuel de la Sota en el exterior. Había partido en la madrugada del 3 de diciembre, casi en el mismo momento que los policías comenzaron a dejar de prestar servicios.
Por eso, desde el Centro Cívico se dijo en aquel entonces que la huelga fue «organizada», ya que arrancó en el mismo momento que el gobernador se ausentaba de la provincia.
Además de los daños económicos que generaron los saqueos en toda la Capital, la huelga policial produjo un fuerte sacudón político en la provincia, con connotaciones nacionales.
Luego de que los policías volvieron a trabajar, a los pocos días, el gobernador De la Sota produjo un profundo cambio en su gabinete, que terminó con el entonces jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fuera del gobierno.
El amotinamiento también alimentó el enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el kirchnerismo nacional. El propio exgobernador José Manuel de la Sota acusó al Gobierno nacional de haber demorado el envío de fuerzas federales, con el objetivo de perjudicar su gestión.
Fuente: La Voz del Interior
