21/11/2018
La organización de las elecciones del año próximo insumirá unos 200 millones. En 2015, habían costado 80 millones. El Estado destinará otros 110 millones para financiar una parte de las campañas de los partidos políticos y las alianzas.
Todavía se desconoce el día en que los cordobeses deberán ir a votar para la renovación del Gobierno provincial y la nueva conformación de la Legislatura, pero sí se sabe cuánto costará la organización de esas elecciones que se desarrollarán el año próximo.
De acuerdo a la estimación de gastos que figura en el proyecto de Presupuesto que la semana pasada ingresó a la Unicameral, el Estado gastará al menos 310 millones de pesos entre la realización de los comicios provinciales y el aporte público para el financiamiento proselitista que recibirán los partidos y alianzas políticas que participen de la contienda electoral.
En concreto, el programa que fija recursos para el funcionamiento del Fuero Electoral de la provincia tiene asignados 310.226.000 pesos para todo 2019. El número, advierten fuentes de la Justicia electoral, es “estimativo” y, por lo general, suele ampliarse cuando terminan de imputarse todos los gastos al final del ejercicio.
Para las elecciones de 2015, por ejemplo, se previeron gastar 69.895.000 pesos, pero el costo de la realización, finalmente, estuvo en torno a los 80 millones de pesos.
De los 310 millones presupuestados para 2019, unos 200 millones los insumirá la organización del acto electoral en toda la provincia: 427 puntos geográficos, entre ciudades, pueblos y comunas.
En tanto, otros 110 millones serán administrados por la Justicia electoral, quien contratará espacios propagandísticos a través de diferentes medios (radio, televisión y soportes gráficos) como parte del aporte estatal contemplado en la última reforma electoral, en la cual se amplió la cantidad de fondos para financiar las campañas electorales.
En cuatro años, lo estimado en 2015 ($ 69.895.000) frente a lo previsto ahora ($ 310.226.000) pegó un salto del 344 por ciento. En términos del Presupuesto, la incidencia sigue siendo muy baja. En aquellas elecciones representaba el 0,11% del total, mientras que el año próximo, 0,14%.
En qué se gasta el dinero
De acuerdo a fuentes tribunalicias, lo más costoso de la organización es la logística de distribución y recolección de urnas, un proceso que incluye, además, el envío de los telegramas desde cada una de las mesas de votación, más de ocho mil en toda la provincia.
Con capacidad única para hacerlo, ese trabajo recae siempre en el Correo Argentino. En 2015, la empresa estatal nacional cobró 36.868.680 pesos por esa labor.
Otra tajada importante se la quedará la firma encargada del recuento provisorio y la difusión pública de esos datos. En los últimos comicios provinciales, la firma Smartmatic International Holding B.V. tuvo a su cargo ese proceso clave y, a la vez, sensible.
Smartmatic fue la única firma que presentó una propuesta económica. Al trabajo lo terminó haciendo por 8,3 millones de pesos, luego de reducir un 30 por ciento sus pretensiones a pedido de la Justicia electoral.
La española Indra es quien más experiencia tiene en prestar este tipo de servicios en el país. Esa firma tuvo sobre sus espaldas los escrutinios provisionales de las elecciones nacionales en los años 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015.
En 2007, el Frente Cívico de Luis Juez la denunció por la fuerte controversia que se generó en el escrutinio que dio ganador a Juan Schiaretti. La firma rechazó haber trabajado ese año en Córdoba.
El año pasado, a cambio de 24 millones de dólares, Indra se adjudicó la realización del escrutinio provisional tanto en las primarias de agosto como en las generales de octubre.
En la Justicia electoral indicaron que, como aún se desconoce la fecha de la votación, no pueden estimar cuándo se llamará a licitación para esa labor en 2019.
Como lo estipula la ley, el conteo final será responsabilidad del Juzgado Electoral, cuya máxima autoridad sigue siendo la jueza Marta Vidal. La funcionaria tiene lista su jubilación, pero hubo un pedido expreso del Ejecutivo para que permanezca en actividad hasta el fin de los próximos comicios.
Otros desembolsos para la realización de los comicios incluyen el pago por la jornada de trabajo para quienes sean autoridad de mesa. En este punto, se estima que en los próximos días comenzará la capacitación a los más de cinco mil docentes que se anotaron para esa tarea.
Córdoba capital
$ 60 millones
De acuerdo a fuentes del Palacio 6 de Julio, los comicios en la Capital de 2019 demandarán un gasto aproximado de 60 millones de pesos. Como sucede en el plano provincial, aún es incierto en qué fecha se votará para renovar el intendente, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Ramón Mestre dijo públicamente que buscaba que los comicios se realicen el mismo día que los provinciales, pero esa decisión está atada a muchas variables.
Fuerte salto en los recursos estatales para la campaña del año que viene
De acuerdo con los nuevos rangos que fueron votados este año en la Unicameral, en el marco de los cambios en la legislación electoral provincial, el aporte que hace el Estado para el financiamiento de las campañas electorales se triplicará a partir de 2019.
En abril último, a instancias de un proyecto del oficialismo, se amplió el monto que aporta el Estado.
Esa porción, calculada por cada votante, está atada al valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El cambio en el Código Electoral elevó de 1,3 por mil a 3,5 por mil ese equivalente al SMVM. Estimado el salario mínimo para marzo de 2019 en 11.900 pesos, la proyección que se maneja en la Justicia Electoral Provincial conforma un total para la campaña de 111.617.126 pesos.
¿Cómo se repartirán esos recursos? De los algo más de 111 millones que financiará el Estado, el 30 por ciento (en este caso, 33,3 millones) se dividirá en porciones iguales entre los partidos anotados en la competencia. Mientras que el 70 por ciento restante (77,7 millones de pesos) se distribuirá de modo proporcional, de acuerdo con los resultados de la elección de 2015. Con un piso de uno por ciento obtenido en la última elección se ingresa al reparto.
En cuanto a la administración de los recursos estatales, es oportuno señalar que los partidos no tendrán acceso al dinero.
Será la propia Justicia electoral quien asigne los cupos a cada partido o alianza y, además, quien contrate los espacios publicitarios en los medios radiales, televisivos y gráficos.
Para decirlo claramente: los partidos no tocarán ese dinero.
Aporte privado
En la reforma de abril último, además del incremento de los fondos de origen público para la campaña se suma una ampliación en la cantidad de aportes por parte de los privados, lo que brindará a los espacios políticos un paraguas legal mayor al anterior para justificar el origen y la administración de las millonarias campañas proselitistas que se vienen realizando en la provincia.
Los partidos estarán habilitados a contratar espacios por hasta cinco veces el valor asignado por el Estado para el mismo objetivo.
Así, por ejemplo, si del fondo de los 111 millones estatales a un partido le corresponden espacios publicitarios por 15 millones, podrá contratar adicionalmente hasta 75 millones de pesos financiados por privados en la misma especie.
Fuente: La Voz del Interior
